EL REFORMAZO
El 20 de Noviembre de 1975, fallece en la cama y sin ser juzgado, el dictador Francisco Franco. Después de su muerte, se inicia un proceso que pasa por la convocatoria de unas elecciones y culmina en la redacción de la Constitución Española de 1978. Las elecciones no fueron del todo limpias (no se permitió que se presentasen muchos partidos, cono la histórica Izquierda Republicana de D. Manuel Azaña), y el proceso constitucional estuvo marcado por la cesión de las izquierdas, ante el miedo de un golpe de estado, lo cual permitió que se aprobaran algunas de las partes más conservadoras de la constitución, como la monarquía designada por Franco, la no abolición total de la pena de muerte (que la constitución permite en caso de guerra, aunque no mientras esté vigente la Ley Orgánica 11/1995), la inexistencia de una verdadera separación de poderes, y otros aspectos. La constitución era, aunque enormemente aperturista con respecto al régimen anterior, claramente conservadora. Así, la derecha, que partía del juego con ventaja (pues jugaba con cartas heredadas del franquismo que no estaban en la baraja) consiguió imponer el marco en el cual se tenía que desarrollar el futuro democrático del país.
Pocos años después de la aprobación de la constitución, el principal partido de la izquierda, el PSOE, comienza, con al abandono del marxismo, el principio de un viraje ideológico que le sitúa en la derecha económica y, finalmente, también en la derecha política. Y aquí es cuando los endebles cimientos de nuestra democracia se vienen abajo. El PP y el PSOE forman una pinza para “sortear ligeramente” los artículos más progresistas de la constitución, convirtiendo en papel mojado todo lo que significaba derechos, pero defendiendo férreamente los privilegios de las clases dominantes.
Pero pasó el tiempo, y el viraje hacia la derecha del binomio PP-PSOE siguió aumentando cada vez más. Hasta que llegó un momento en que se situaron tan a la derecha, que aquella constitución parcialmente conservadora de 1978, les quedaba excesivamente a la izquierda. Ya no podían “sortear ciertos artículos”. Había que empezar a reformarla. Y así es como un martes 30 de Agosto se aprueba en el parlamento el primer trámite para una reforma constitucional que cuenta únicamente con el apoyo del PP y el PSOE. Este nuevo pacto PP-PSOE que, por cierto, se gestó en tan solo 48 horas y marginando a los demás grupos parlamentarios, solo fue posible gracias a la sobrerepresentación que tienen estos partidos gracias a la Ley Electoral (una ley que contradice uno de esos artículos “sorteables” de la constitución), que otorga a estos dos partidos un número de escaños mucho mayor del que les correspondería por su número de votos. El objetivo de esta reforma es, como ya se veía venir, situar a la constitución más a la derecha, y recortar aún más el poco Estado del Bienestar que nos quedaba. Por si fuera poco, ni si quiera se dignan a consultar a la ciudadanía en referéndum si quieren que se lleve a cabo esta reforma de la constitución –la ley máxima del estado español- que ningún partido llevaba en su programa electoral.
Pero... ¿En qué consiste realmente esta reforma de la constitución? Básicamente lo que hace es limitar el gasto que pueden realizar las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de educación y sanidad (entre otras). De esta forma, se consigue gastar menos dinero púbico en dos de los pilares básicos del Estado del Bienestar (además de muchas otras cosas como la construcción de bibliotecas, museos, infraestructuras…). Eso sí, lo que esta reforma NO hace es eliminar la duplicidad de competencias, propia de un estado con un modelo territorial tan difuso como el nuestro, y que supone un enorme derroche de fondos públicos, no se suprimen las partidas para la Iglesia ni los centros concertados, no se baja el salario del Rey (que, mensualmente, es de 120 millones de las antiguas pesetas), ni se eliminan los salarios vitalicios del presidente y sus ministros, tampoco se suben los impuestos a los ricos, que SON LOS QUE MENOS IMPUESTOS PAGAN, ni se pone un impuesto especial a la banca, que, además de haber causado la crisis, se está lucrando a su costa.
En definitiva, bajo el falso pretexto de la eficiencia (las medidas que he citado antes serían mucho más eficientes), se reforma la constitución para reducir los derechos de los ciudadanos, pues unos servicios públicos de menor calidad (que es lo único que esta reforma va a generar) se traducen en una menor prestación social para el trabajador, para el hombre de a pie, que es el que paga los impuestos que mantienen este país.
2 comentarios
Fran Rey -
Anouar -
Acabo de descubrir tu blog. Me parece muy interesante y ojeando post y comentarios creo que tienes una estructura intelectual sólidamente construida. Como me interesa mucho los que escribes sobre el socialismo intentaré pasarme por aquí de vez en cuando.
Un saludo.